¿Para qué sirve la ley general del ambiente?

La ley protege el ambiente garantizando su cuidado, la educación y participación del ciudadano, controlando el impacto y el daño ambiental que puede causar el hombre.
¿Los ciudadanos tienen alguna forma de lograr que cese en forma inmediata el daño ambiental que los afecta? Sí, presentando una acción de amparo ante la justicia, cualquier ciudadano puede pedir que cese la actividad que causa el daño ambiental (Texto extraído del sitio oficial del Ministerio de Justicia y Derechos humanos de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/ley-general-del-ambiente)
Lo que no se responde en dicho sitio es ¿Qué debe hacer el ciudadano si presentado el amparo la justicia no da respuesta y el daño ambiental avanza custodiado por las fuerzas policiales?
El proyecto de Autovía Ruta 38 avanza destruyendo el escaso monte nativo que queda en la provincia de Córdoba. Las alteraciones al medio ambiente que ya está provocando esta obra, mientras la justicia analiza el pedido de amparo, fue expuesto detalladamente por profesionales de diversas disciplinas en la audiencia pública virtual realizada en abril del año pasado. Vecinas y vecinos de Punilla, amparados no solo por esta  ley 25.625, también por el acuerdo de Escazú al que el gobierno argentino adhirió y que según figura en https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/escazu entró en vigencia el jueves 22 de abril de 2021, decidieron plantarse delante de las máquinas de las empresas que pretenden completar la obra antes de que la justicia salga del letargo para revisar el amparo del cese de daño ambiental. Lejos de respetar este acuerdo internacional por el cual se busca favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales, la justicia persigue, intimida, reprime ,imputa y encarcela a quienes deberían proteger.
El 10 de mayo de este año un grupo de defensores ambientales que acampaba de manera pacífica como modo de protesta ante el avance de las obras de la cuestionada autovía denunciaron haber sido violentamente desalojados por la policía a las 3.40 de la madrugada. Desde fiscalía aseguraron que no habían firmado ninguna orden de desalojo, sin embargo no hizo nada por la protección de los ciudadanos que defienden su derecho y que son intimidados por la  policía de la departamental Punilla, que días más tarde sería cuestionada, entre otras cosas, por la muerte de un joven  en una comisaría de La Falda.  Lejos de cumplir con los compromisos de reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores  en asuntos ambientales, tras una pacífica manifestación en una confitería de Cosquín donde se encontraba el Intendente de esa localidad, la justicia imputó a siete defensores ambientales sin ninguna prueba que los comprometa. El atosigamiento a quienes deberían ser protegidos por la ley se vuelve cada vez más violento, en la jornada de hoy cuatro manifestantes fueron detenidos por la Policía de la Provincia de Córdoba cuando simplemente ejercían el derecho que  la ley 25.625 les debería garantizar.

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