Vecinos y agrupaciones ambientalistas de Punilla se manifestaron en rechazo a la intervención violenta e ilegal que efectivos de la policía de Cosquín llevaron a cabo de manera sorpresiva con el propósito de desalojar a los asambleístas en el acampe de Molinari. El acampe expresa la voluntad de pobladores de Punilla de defender el monte nativo, y su importancia en el ecosistema local, de la destrucción que implica la construcción de la autovía.
El operativo policial se realizó a las 3:40 hs de la madrugada, sin orden judicial y de manera brutal: “estamos (…) en estado de shock psíquico por el maltrato y agresividad. Nos llevaron de los pelos y nos arrastraron descalzos por la calle (…) sin permitir retirar ninguna pertenencia”, expresaron en un comunicado.
Por tal motivo se presentó en tribunales una denuncia, entre cuyas demandas se destacan los siguientes puntos:
Resguardar la seguridad física y ambulatoria de los defensores ambientales violentamente desalojados.
Proveer de asistencia médica y psicológica a los mismos.
Despejar de policías el acceso a la zona de la ruta provincial S401, camino a La Candelaria y demandar en su lugar la presencia de personal del poder judicial.
Respetar la libertad de manifestar de los habitantes de Punilla.
“Lo que está custodiando la policía son las máquinas desmontando, y ese es el verdadero drama que estamos viviendo”, dijo René Amsler, abogado de los asambleístas en la mañana de ayer sobre la ruta 38 frente a un cordón policial que impedía el Acceso al camino a La Candelaria, donde está el parador de la empresa que intenta continuar con el desmonte y donde se encontraban aislados los vecinos desalojados en horas de la madrugada. “Pedimos la liberación de espacio, la libertad ambulatoria y principalmente la libertad de expresarse de los habitantes de Punilla que cada vez son más”, agregó el abogado. Recordemos que oportunamente se presentó un recurso de amparo para frenar las tareas de desmonte, recurso sobre el cual la justicia aún no se expidió. Hasta tanto esto no suceda, cualquier intento de avanzar en el desmonte es una acción ilícita.
La situación es entonces muy grave, puesto que a los daños irreparables sobre el ambiente, se suman las consecuencias físicas y psíquicas sobre los pobladores violentados, todo en un contexto de ilegalidad.