Raúl Omar Costa, exsecretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, fue imputado por abuso de autoridad y deberá sentarse en el banquillo de los acusados durante el mes de octubre de este año.
En octubre de 2012 comenzaba a tramitarse la causa a partir de la denuncia formulada por el Dr. Juan Carlos Ferrero, vicepresidente de ADARSA ONG, en contra de los ex secretarios de Ambiente de la provincia de Córdoba, Federico Bocco y Raúl Costa, a raíz de las autorizaciones irregulares a varios emprendimientos inmobiliarios de la empresa GAMA SA y a la planta de EPEC “Estación Carlos Paz Sur”, en San Antonio de Arredondo. En 2019, el fallecimiento del primero de los nombrados determinó que la causa solo continuara en contra de Raúl Costa, quien durante todo este tiempo ocupó cargos públicos o estuvo ligado como asesor legislativo de políticos del partido gobernante.
El día 25 de agosto de 2021, ADARSA ONG fue notificada del rechazo del último de los recursos interpuestos por Raúl Costa, quedando firme el decreto de “Citación a juicio”. La causa entraba en su etapa más importante: la del juicio.
La Cámara 10ª del Crimen ha fijado fechas para el acto procesal, con jurados populares y modalidad presencial para los días 11, 12, 13, 14 y 17 de octubre de este año.
Desde que fue creado el Fuero Penal Económico y Anticorrupción (en el año 2004) para investigar exclusivamente las conductas de los funcionarios, pocas han sido las causas que llegaron a juicio. La imputación del exsecretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, por abuso de autoridad, que lo hará sentarse en el banquillo de los acusados durante el mes de octubre de este año, constituye un importante antecedente en materia de aplicación de la Ley de Bosques en la provincia y como garantía de la participación ciudadana.
El grave deterioro ambiental que padecemos no se produciría si los encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes, lo hicieran. Sin duda, la sociedad también debe comportarse razonablemente, sin consentir la impunidad. Parte de esa responsabilidad social tiene que ver con no permitir que los funcionarios de turno incumplan la legislación vigente en desmedro de la biodiversidad y la calidad de vida de las personas.
Fuente: ADARSA ONG / www.adarsa.org.ar